lunes, 17 de octubre de 2011
domingo, 9 de octubre de 2011
jueves, 6 de octubre de 2011
INVITACION
La Agrupación Arerunguá del Frente Amplio de Salto, invita a toda la ciudadanía para próximo viernes 14 de octubre a participar en una Charla Abierta , “OTRA VISION DESDE EL FRENTE AMPLIO”, con el compañero diputado Luis Puig del PVP. El compañero Puig es integrante de las Comisiones de Derechos Humanos, Legislación Laboral, y Equidad y Género en el Parlamento Nacional.
En esta Charla Abierta se desarrollaran tres temas:
1- Vinculado a los Derechos Humanos sobre todo en lo que tiene como referencia a la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar, casos que podrían cerrarse el 1 de Noviembre de 2011 ya que de acuerdo al Código Penal, la prescripción máxima por homicidio agravado es de 26 años y 8 meses. El período se cuenta desde el regreso al gobierno civil el 1 de Marzo de 1985.
2- Otro de los tema a desarrollar tiene que ver con otro tema de pronta resolución por el Parlamento Nacional y es sobre la Despenalización del Aborto en nuestro país.
El aborto inseguro y clandestino constituye un grave problema de salud pública y de derechos, en Uruguay, su práctica en condiciones de ilegalidad e inseguridad, afecta severamente la vida y la salud de muchas mujeres y su familia.
3- Y un tema que siempre esta vigente, y es sobre las Condiciones de Trabajo (salud y seguridad laboral) no solo en Salto sino también en el resto del país.
Estos temas los estará desarrollando el diputado Luis Puig con la participación de la concurrencia que quiera opinar o preguntar sobre los mismos.
domingo, 2 de octubre de 2011
ACUSADOR. DIPUTADO PUIG DIJO QUE HAY UNA OFENSIVA POLITICA
Denuncian ataque a magistrados
Diputado Puig (PVP).
El diputado Luis Puig (PVP) denunció en el Parlamento la existencia de "una ofensiva política" contra los jueces y fiscales responsables de indagar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar, la cual podría llamarse `Disparen contra la jueza Mariana Mota`".
El diputado frenteamplista, ex secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, alertó que la ofensiva es impulsada a través de los medios de comunicación y tiene como principales "operadores políticos" al ex presidente Jorge Batlle, el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, el ex procurador del Estado y hoy abogado Miguel Langón, "los propios terroristas de Estado procesados" por crímenes de la dictadura, los centros militares y "algunos pseudo periodistas o tertuliantes".
En este sentido, Puig aseguró que el objetivo de la campaña mediática es "confundir y presionar para sacar del medio, mediante recusaciones, a quienes están aplicando a cabalidad las figuras jurídicas que corresponden a las violaciones a los derechos humanos".
El legislador aseguró que el enjuiciamiento del dictador Juan María Bordaberry por "atentado a la Constitución", dispuesto por la jueza Mota, significó "un paso importante en nuestra sociedad en la búsqueda de verdad y justicia", tras lo cual la magistrada fue "agraviada y descalificada" por el procesamiento del coronel (r) Carlos Calcagno por los crímenes de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana. "Allí se planteó que se habían cambiado los ejes de la Justicia uruguaya y que la jueza actuaba con criterio hitleriano", dijo Puig.
El diputado recordó que existen antecedentes en Uruguay sobre jueces impedidos de investigar crímenes de la dictadura, como los casos de Alberto Reyes, Gustavo Mirabal y Alejandro Recarey, y lo comparó con la campaña de "la derecha española" para impedir la investigación de los crímenes del franquismo por parte del juez Baltasar Garzón.
"Creemos que es importante señalar desde el Parlamento el alerta y la preocupación sobre esta forma clara, artera, de pretender presionar a actores de la Justicia que están cumpliendo su función a cabalidad, como lo hacen la jueza Mota, la fiscal (Mirtha) Guianze y la fiscal (Ana María) Tellechea". "Queremos expresar nuestro rechazo a esta campaña de agravios y nuestra total solidaridad con los jueces y los fiscales que están actuando en defensa de la dignidad del futuro de los uruguayos", concluyó Puig.
Diputado LUIS PUIG:
“La vigencia de la Ley de Impunidad impide que
todos los uruguayos seamos iguales ante la ley”
Los avances en materia de derechos humanos y lo mucho que falta
Entrevista de Walter CruzTodo lo que debemos saber sobre los Derechos Humanos en torno a las desapariciones forzadas, la igualdad entre los ciudadanos, la justicia y el Nunca Más tortura e impunidad. Todo lo que ha avanzado el país en esa materia y en la demostración de todo lo que es y puede ser posible. La humanidad, la dignidad, y los movimientos que se vienen, sintetizados en un encuentro hombre a hombre.
Nuestro entrevistado de hoy
Luis Puig tiene 51 años y tres hijas: Lucía, Mariana y María Emilia. Comenzó a militar a los 13 años en Secundaria y en la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE).Durante la Huelga General del 73 participó en la ocupación de FUNSA y en todas las actividades conexas a la resistencia contra la dictadura.
Permanece en Uruguay hasta el 75 cuando es requerido por las Fuerzas Conjuntas y se traslada a Argentina. Y a partir de allí participa en la construcción del Partido por la Victoria del Pueblo (P.V.P.). Puig señala que el 76 “fue un año particularmente duro por la desaparición de compañeros, los secuestros en Automotores Orletti y la coordinación represiva”.
Vivió un largo período en el país hermano y regresa a Uruguay en 1984. En el 85 se reintegra a la Compañía del Gas y a la militancia sindical en su sindicato. Al año siguiente es electo secretario general del gremio y en las sucesivas elecciones es designado para distintos cargos en su Comisión Directiva, “donde participan compañeros de diversas orientaciones político-sindicales”.
Intervino en un largo conflicto contra la privatización y cuando Gaz de France asumió, permanece despedido durante casi 10 años.
La lucha permanente de su sindicato lo reintegró al trabajo. Durante esos años sobrevivió haciendo changas en la construcción, junto a otro de sus compañeros. En su caso particular, Luis Puig señala que es instalador sanitario. Reintegrado a Gaseba continúa la lucha contra la privatización y por una energía que esté en manos del Estado, para brindarle un buen servicio a la población.
Desde 1997 es Secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, donde ha estado luchando en forma permanente por la verdad y la justicia y contra la impunidad.
Cuando lo llamamos a su celular, Luis Puig nos dijo que estaba de licencia y por qué no dejábamos la entrevista para la semana que viene. Le respondimos que en estos veraniegos días, surgen noticias a cada rato y que sus palabras y opiniones eran más adecuadas para esta edición. Aprovechamos una breve pausa del otro lado de la línea para decirle que si andaba de vacaciones por Buzios nos rendíamos. “Que Buzios ni Buzios: estoy en Montevideo”, nos respondió y adivinamos su fraternal sonrisa de siempre. Y ahí Carta POPULAR se la ganó.
El Secretario de Derechos Humanos del PIT-.CNT e integrante de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Impunidad llegó con puntualidad inglesa a la sede de la central obrera el viernes último.
Luis Puig carga sobres sus espaldas, 38 años de ininterrumpida militancia estudiantil, sindical y política.
Destaca que - a diferencia de los anteriores- con el actual gobierno se han dado pasos sustanciales en materia de derechos humanos, pero que falta muchísimo para conocer la verdad a fondo y hacer justicia. Y seguir investigando. Cosa que no se ha hecho – por ejemplo- después que el Secretario de la Presidencia, Dr. Gonzalo Fernández anunciara públicamente la existencia del llamado “segundo vuelo” trayendo secuestrados de Argentina a Uruguay.
Afirma que si no se anula la Ley de Caducidad, se impide que muchos crímenes aberrantes sean juzgados. Y que el Parlamento tiene la potestad y la obligación política y moral de hacerlo.
En América Latina existen nada menos que 200 mil desaparecidos y valora muy positivamente que - el 6 de febrero en París - las Naciones Unidas firmaran la Convención Internacional sobre Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Con lo cual – estima Luis Puig - la humanidad comienza a darse los mecanismos para desterrar estas prácticas.
Las “alabanzas” del dirigente del PIT-CNT sobre la llegada - el 9 de marzo – a nuestro país, del tejano George W. Bush, léalas en el recuadro adjunto.
Los múltiples intentos de los gobiernos anteriores por consagran la impunidad
-En el tema de los derechos humanos,. ¿Cómo evalúas la actitud del gobierno encabezado por el Dr. Tabaré Vázquez?
-Bueno, en el período comenzado desde el 1º de marzo de 2005 para acá, se sintetizaron aspectos importantes de más de 30 años de la lucha por los derechos humanos.
Ha habido pasos importantes, cambios sustanciales. Esos cambios son consecuencia de la lucha donde los familiares de los desaparecidos, las organizaciones de derechos humanos, los propios sobrevivientes de los campos de concentración – que aún en las peores condiciones, aún en medio del terrorismo de Estado – denunciaron esta situación.
Después en circunstancias muy difíciles en el Uruguay y la región, se siguió denunciando y se logró vencer los múltiples intentos de los gobiernos anteriores de dar por laudado el tema y consagrar la impunidad.
Impunidad que se fue construyendo durante más de 20 años en el país por los gobiernos constitucionales.
Sin duda que en este período hubo avances importantes. Que se hayan encontrado los restos de los compañeros Chaves Sosa y Fernando Miranda, el procesamiento de la patota de la OCOA con relación al secuestro y asesinato de Adalberto Soba ocurrido en 1976 en la Argentina. También el procesamiento de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Este último fue reprocesado; ya estaba procesado por homicidio especialmente agravado de Elena Quinteros.
Hubo avances importantes, pero sin duda estamos lejos de la verdad y la justicia...
-Disculpa. Es cierto que se encontraron los restos de Miranda y Chaves Sosa, pero no se sabe qué pasó con ellos. ¿Por qué los secuestraron y quienes los asesinaron?
-Exactamente. Falta muchísimo para saber la verdad a fondo, la génesis del terrorismo de Estado y al mismo tiempo está faltando también muchísimo en materia de justicia.
La vigencia de la Ley de Impunidad impide el juzgamiento de crímenes aberrantes como son todos. Por ejemplo el caso de María Claudia García de Gelman que el Poder Ejecutivo planteó que fuera sacado de la Ley de Impunidad y el Juez Moler – un artífice de la impunidad en Uruguay - logró que el caso se archivara nuevamente y por tanto si no se anula esa ley, ese y muchos otros casos no podrán ser analizados.
Los múltiples “vuelos de la muerte” no investigados
-Danos algunos ejemplos.
-Está por saberse qué pasó con los diferentes vuelos de Argentina a Uruguay. Nosotros hablamos del “primer”, del “segundo vuelo” en su oportunidad.
Pero en realidad fueron múltiples los vuelos que trasladaron compañeros de Argentina a Uruguay y viceversa.
-Sabemos de dos argentinos secuestrados en el puerto de Colonia del Sacramento.
-Sí. En Colonia y en otras partes. Y allí participó la Marina y la Fuerza Aérea.
Sin dudas que el llamado “segundo vuelo” – el del 4 de octubre del 76 – que sale de Argentina y que el ex – Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Malaquín fue su copiloto, así como fue copiloto del “primer vuelo” el Comandante de la Fuerza Aérea, Bonelli, ahí hay que saber qué pasó, quiénes fueron trasladados y por orden de quién. En un momento se habló que los prisioneros habían sido llevados a unidades militares y ultimados allí. O sea asesinados.
Esta versión fue dada por el Secretario de la Presidencia, Dr. Gonzalo Fernández, pero después no se siguió investigando.
-¿Entonces?
-Entonces comienza a darse por tierra lo que llamaban en el esquema represivo uruguayo, o sea que no había desaparecidos ni asesinados.
Queda claro que fue una política represiva de terrorismo de Estado, incluso con secuestros de niños, con asesinatos masivos como el que está denunciado en el “segundo vuelo”.
Hay mucho por saber, hay mucho por actuar de la Justicia.
Ley de Caducidad
-El Parlamento tiene la potestad y la obligación política y moral de anular la Ley de Caducidad. Hace un tiempo quedó inaugurada – en el anexo del Palacio Legislativo – la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad. Vos sos uno de sus integrantes y entonces te preguntamos: ¿Qué pasos han dado hasta ahora?
-Estamos trabajando en ese sentido y en principio estamos planteando que la ley sea anulada por el Parlamento Nacional.
Pero a la vez estamos analizando las distintas vías que puedan haber. Estamos convencidos que el Parlamento tiene, no solo potestad, sino la obligación política y moral de anularla.
-Su artículo 4º permite investigar si el Poder Ejecutivo así lo entiende
-Claro y eso marca la inconstitucionalidad de la ley. El Ejecutivo no puede suplantar a la Justicia y está clarísimo que se impide la igualdad de todos ante la ley en Uruguay. Impide la separación de funcionarios entre los distintos organismos constitucionales.
-Y que nuestro país no cumpla con los convenios internacionales que firmó.
-Por supuesto. Uruguay está obligado a investigar los crímenes de lesa humanidad, está obligado a dar a conocer a fondo lo que pasó. Las leyes de amnistía o autoamnsitía que se dictaron en el Cono Sur americano, no tienen valor alguno ante los convenios internacionales.
En definitiva, ningún país podría establecer con otro, un convenio para no castigar los crímenes de lesa humanidad. Y mucho menos que un Estado a la interna puede definir esa situación.
-El ex diputado por el Partido Nacional, Oscar “Cacho” López Balestra dijo – en ocasión de instalarse la Coordinadora Nacional - que se presentaría un documento a cada uno de los diputados y senadores sobre ese tema. ¿Sucedió algo con esto?
-Se está trabajando en eso, hubo un receso en la Coordinadora y en los próximos días retoma sus actividades y lo que me preguntas será analizado.
-¿Qué actividades se han realizado hasta ahora?
-Se han desarrollado múltiples actividades, aún desde antes de conformarse la Coordinadora, en el Interior, por parte del PIT-CNT, FUCVAM, la Plataforma Uruguaya por los Derechos Humanos con actos muy importantes en Paysandú, Maldonado, Durazno, Pando y también Buenos Aires.
Sin duda que en las próximas semanas habrá un impulso muy grande de esta campaña. Vamos a recorrer el país, donde hay planteamientos para ir a conversar con los vecinos, realizar actos, para plantear las alternativas jurídicas....
-¿Está en la agenda de la Coordinadora formar comisiones en el Interior?
-Sí. Que la gente tenga activa participación y que pueda, digamos, interpelar a los diputados de cada lugar sobre su actitud ante lo que se plantea la Coordinadora. Van a ser meses de muchísima actividad.
La Convención de la ONU en París y los 200 mil desaparecidos en América Latina
-El 6 de febrero – a instancias de Argentina y Francia – se firmó en Paris la Convención Internacional sobre Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. ¿Qué opinión te merece el asunto?
-En la medida que hay convenios internacionales, la humanidad empieza a darse mecanismos para desterrar estos crímenes aberrantes. A partir de esto – suscripto por el conjunto de naciones – existen ya los elementos suficientes para poder trabajar contra la impunidad.
-Vamos a aclarar que cuando te referís al conjunto de las naciones, es a las Naciones Unidas.
-Sí, sí, claro. Los mecanismos que se están planteando son muy importantes. Hay religiosas francesas desaparecidas en Argentina por la acción del terrorismo de Estado. Esto no exceptúa al Estado francés de su responsabilidad, como no exceptúa al Departamento de Estado norteamericano y demás, del apoyo al terrorismo que existió. Efectivamente el apoyo de militares, los planes de estudio y los servicios de inteligencia que asesoraron a los terroristas de Estado en el Cono Sur.
Creo que es muy importante terminar con la impunidad en el mundo. América Latina tiene más de 200 mil desaparecidos.
-¿Doscientos mil?
-Sí. La situación por ejemplo en Guatemala, en Honduras, donde ha habido desapariciones masivas de miles y miles de personas.
Y bueno, creo que es hora que la humanidad empiece a darse mecanismos para evitar esos crímenes.
En este marco reclamamos, al gobierno uruguayo, ir a fondo en materia de verdad y justicia y terminar con la impunidad. Creemos que es un debe que tiene este gobierno con el conjunto de la población.
-Ya que nos fuimos para el terreno internacional, ¿dónde crees que se ha avanzado más en materia de derechos humanos?
-Ah!, sin dudas en Argentina. Ahí hay que rescatar la voluntad política de su Poder Ejecutivo en el sentido que plantea un trabajo a fondo para la denuncia, los procesamientos y la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Es fundamental cómo se avanzó a partir de eso.
-La última
-Bueno, Uruguay ha tenido avances pero todavía son insuficientes. Esperamos movilizar al conjunto de la población para la anulación – de una vez por todas - de la Ley de Impunidad.
Tomado de Carta Popular, N' 513 - 16 de Febrero de 2007
viernes, 30 de septiembre de 2011
Declaración pública de Amnistía Internacional | sobre despenalización del aborto
Despenalizar el aborto es urgente para el continente
El día de hoy, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, los gobiernos del continente deben promover con urgencia planes concretos que aseguren el acceso a los derechos sexuales y reproducti28 de setiembre de 2011vos de las mujeres y niñas.
Amnistía Internacional se une a la campaña regional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe bajo el lema, “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Restringir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos pone en grave peligro los derechos humanos de mujeres y niñas.
Es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son Estados parte de la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), cuando una mujer o niña queda embarazada a consecuencia de una violación el Estado la obligue a continuar con el embarazo. Forzar a una mujer o niña violada a continuar con un embarazo, es cruel, inhumano y degradante.
Algunas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, intentan suicidarse. En ocasiones toman otras medidas desesperadas e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Es así como cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren cada día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso llegan a significar la pérdida de su vida.
En la región más desigual del mundo, estas medidas desesperadas afectan principalmente la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza; ¿es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley?
Algunos lugares de América Latina y el Caribe han reconocido las graves violaciones de derechos humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe. A pesar de estos avances, la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, con frecuencia esta legislación no se cumple en la práctica lo que conlleva graves consecuencias para mujeres y niñas. Las guías para el personal médico son en la mayoría de los casos inexistentes, poco claras o no se distribuyen, lo que lleva a utilizar el sistema judicial innecesariamente dejando mujeres y niñas embarazadas sin la posibilidad de ejercer sus derechos.
Los Estados además no dan prioridad a su propia legislación o a asegurar educación y difusión de los derechos de las mujeres y niñas en materia de salud sexual y reproductiva.
Miles de activistas de todo el mundo se encuentran el día de hoy expresando su indignación frente a estas injusticias y exigiendo “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales y tomar medidas que garanticen el acceso de mujeres y niñas a sus derechos, despenalizando el aborto y promoviendo planes de educación sexual y acceso a servicios e información de planificación familiar para todos y todas, haciendo realidad que todas las mujeres decidan de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación.
Información adicional
Los Estados de la región tienen el deber y la obligación de respetar y promover los derechos de las mujeres y niñas a la vida, a la integridad física; incluyendo protección contra todo tipo de violencia, a la salud, a la educación, a la información y a la no discriminación; conforme está establecido en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, en especial la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar a la Tortura.
Los Estados de la región también tienen la responsabilidad principal de proteger, reconocer y respetar a quienes toman acción para hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres y niñas que se encuentran en la situación descrita anteriormente. Sus acciones son legítimas y en muchos casos fundamentales para quienes están apoyando. En este sentido, defensores y defensoras de derechos humanos deben gozar efectivamente de la posibilidad de hacer su trabajo sin temor a represalias, tal como lo afirma la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y se ha dicho repetidas veces en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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